Introducción

En este otoño del 2020, dos grandes crisis afectan simultáneamente al mundo: 1) una nueva crisis económica del sistema capitalista; 2) la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID -19, que forma parte de la crisis ecológica general. Las dos han logrado ya una magnitud histórica, aunque no han acabado de desarrollarse y continúan alimentándose una a la otra, sin que pueda ni sospecharse donde se encontrará el punto de inflexión.

En este contexto, ha avanzado la decadencia del imperialismo de los EE.UU. - hegemónico durante un siglo - y se ha reforzado en la escena mundial el joven imperialismo chino. Así, los EE.UU han perdido claramente la batalla de la tecnología punta de telecomunicaciones, lideran desde hace siete meses la cifra de contagios y muertes mundiales y sufren un retraimiento del PIB del 4,3% . En contraste, China parece tener controlada la enfermedad desde marzo y es probablemente el único país del mundo que acabará el año con un crecimiento del PIB (1,9% según el FMI). Las tensiones crecen entre estos dos gigantes económicos, en competencia por el control de las materias primas y los mercados. Y las rivalidades crecerán más en la medida que la crisis económica reduzca más los beneficios y que los mercados sean incapaces de absorber exceso de capacidad productiva de la mayoría de los sectores económicos. En medio de los dos colosos, los imperialismos de menor rango, como por ejemplo los europeos y Japón, o las potencias regionales como Israel, Arabia y Turquía, buscan llenar los vacíos que deja el retroceso de la influencia norteamericana. Los nuevos conflictos bélicos del Mediterráneo oriental, el Cáucaso y África son una muestra de la nueva situación.

En todos los puntos del planeta, estos tres factores - crisis sanitaria, económica y decadencia de los EE.UU. - se incorporan localmente al contexto de la lucha general de clases y refuerzan las contradicciones entre el proletariado y la burguesía, pero también en el interior de la burguesía misma, con el resultado de alimentar y ampliar graves crisis políticas como las que se viven en los EE.UU., muchos países de Latinoamérica, Bielorrusia, el Estado Español o Israel.

La situación económica en el Estado Español y el resto del mundo

A fecha de hoy, los países de la UE están siendo de los más golpeados por la pandemia y por la crisis. El FMI, en su Informe de 30 de septiembre, ya calculaba que si bien el PIB mundial en 2020 se había reducido un 4,4% de media, en la UE la contracción económica es el doble (8,3%) y en el Estado Español el triple (12,1%). Pero estos cálculos son anteriores al repunte exponencial de la COVID-19 en el otoño y los inminentes confinamientos generalizados en todo el continente europeo.

La destrucción de puestos de trabajo es difícil de calcular, escondida en parte por las variantes nacionales parecidas a nuestros ERTE's, pero también por la gran extensión de los falsos autónomos y, según qué países, por el peso del trabajo "informal" o en "negro". En todo caso, la OIT calcula que durante el segundo trimestre de 2020 se perdieron el equivalente a 400 millones de puestos de trabajo a tiempo completo, en el ámbito mundial. Para el conjunto de España, el INE calcula una pérdida neta de 1.019.000 de puestos de trabajo entre el segundo trimestre de 2019 y el de 2020. En septiembre el número oficial de personas paradas ha alcanzado la cantidad de 3.368.000, a las que hay que añadir (siempre de acuerdo con el INE) las 2.832.800 personas que en el segundo trimestre de 2020 estaban ocupadas, pero no trabajaron por razones técnicas, económicas o ERTO.

Las cifras que se conocen son aterradoras. Todos los estados, sin excepción, se han visto obligados a incrementar el gasto público para frenar el desarrollo de la pandemia en sus países, para compensar un poco la reducción brutal de los ingresos de la población trabajadora y de la pequeña burguesía y evitar momentáneamente las explosiones sociales. Pero sobre todo, se han dedicado inmensas cantidades de dinero público para apuntalar las grandes empresas nacionales que en muchas ocasiones han continuado repartiendo dividendos. El Banco Mundial, el FMI, todos los sabios economistas burgueses, animan ahora a incrementar el gasto público sin miramientos, y muestran repentinamente que sus principios "neoliberales", que son inflexibles para atacar las condiciones de vida de la población trabajadora de todo el planeta, se transforman en "lo que haga falta, para eso está el dinero [público, se sobreentiende]", cuando se trata de salvar el sistema capitalista y la burguesía en cada país.

Una forma de medir el volumen excepcional del dinero público movilizado es el incremento de los déficits públicos y de la deuda durante 2020. En la UE el déficit público medio ha pasado de menos del 1% del PIB en los últimos años al 11,6% del PIB en los tres primeros trimestres del 2020. A señalar que ese porcentaje sube al 25,9% en el Reino Unido y al 24,6% en el Estado Español. Estos son los cálculos que hace el FMI para el conjunto mundial:

La pandemia de COVID-19 y los confinamientos asociados han generado medidas fiscales sin precedentes por un valor de USD 11,7 billones, o cerca del 12% del PIB mundial al 11 de septiembre de 2020. La mitad de las medidas fiscales consistieron en gasto adicional o ingresos no percibidos, incluidos recortes temporales de impuestos; la otra mitad correspondió a asistencia de liquidez, incluidos préstamos, garantías e inyecciones de capital desde el sector público. Esta respuesta contundente de los gobiernos ha salvado vidas, apoyado a personas y empresas vulnerables y mitigado los efectos sobre la actividad económica. Sin embargo, las consecuencias de la crisis en las finanzas públicas, sumadas a la pérdida de ingresos por la contracción de la producción, han sido enormes. En 2020, se prevé que los déficits públicos suban, en promedio, un 9% del PIB y, según proyecciones, la deuda pública se aproximaría al 100% del PIB, un máximo sin precedentes. (Monitor Fiscal. FMI. Octubre de 2020)

Esta "respuesta contundente", como dice el FMI, de todos los gobiernos burgueses en la UE ha tomado la forma de la inyección de 750.000 millones de euros durante los próximos dos años, el 52% de los cuales tendrán la forma de subvenciones a fondo perdido y el resto de créditos. Una inmensa cantidad de dinero que en su mayoría irá directa o indirectamente a los bolsillos de la clase capitalista. Incluidas las multinacionales de productos farmacéuticos y sanitarios, las grandes beneficiadas del incremento del gasto en salud puesto que, a pesar de la trágica situación mundial, hacen valer sus patentes y monopolios para hacer pagar precios escandalosos a gobiernos y particulares.

Pero este dinero, de los que se anuncian llegarán a España unos 6.000 millones a fondo perdido, no tiene por objetivo mejorar los sistemas sanitarios públicos, debilitados hasta la agonía durante los últimos 30 años. Ni a garantizar trabajo o subsidio de paro a toda la población trabajadora. Ni a resolver el drama de la dificultad de acceso a la vivienda digna. Ni a mejorar las pensiones. Todo lo contrario. Vienen dirigidos a impulsar los negocios privados en los sectores donde se calculan tasas de ganancia más altas y con más futuro ("economía verde", "digitalización", negocios relacionados con la salud). Además, la UE, con el acuerdo de todos los gobiernos incluido el español, los condiciona a profundizar las reformas laborales y a atacar los sistemas públicos de pensiones para facilitar la incorporación de los grandes capitales financieros en busca de beneficios.

La lucha de clases durante la pandemia

La acción del gobierno socialdemócrata español PSOE-Podemos ante la doble crisis sanitaria-económica no se ha diferenciado en nada de la general de todos los gobiernos en todas partes el mundo:

• Respuesta siempre tardía a la evolución de la pandemia, por no molestar demasiado a los negocios privados
• Respeto de las patentes y los precios impuestos por las multinacionales farmacéuticas y sanitarias. Respeto de la sanidad privada aunque la pública esté colapsada y los decretos de alarma le permiten intervenirla.
• Sobreexplotación sin límites de los trabajadores sanitarios, de los más precarizados de Europa.
• En cuanto a las medidas para paliar el paro, el incremento exponencial de la pobreza y la inseguridad alimentaria, destacan por su inoperancia. Los ERTE libran a los empresarios de pagar los salarios, pero lo que cobran los trabajadores es totalmente insuficiente y además está llegando muy tarde. La medida "estrella" de Podemos, el Ingreso Mínimo Vital, ha resultado ser tan mezquina que es inferior a las que ya existían en muchas autonomías, además de que seis meses después de aprobarla la han solicitado más de un millón de personas, pero solo 138.000 han logrado a cobrarla. La asistencia social pública está colapsada y la garantía alimentaria ha sido abandonada a manos privadas, mientras las colas de hambre crecen al mismo ritmo que la enfermedad.
• Las promesas de controlar el precio del alquiler, impedir los desahucios de las familias y mejorar el acceso de los trabajadores a la vivienda digna son desmentidas cada día por la realidad.

En consecuencia, la situación cada vez es más catastrófica para todas las clases trabajadoras. La pandemia les afecta escandalosamente más. La enfermedad y mortalidad se concentran en los barrios obreros, impulsada por el hacinamiento en la vivienda, las aglomeraciones del transporte público, los puestos de trabajo sin seguridad y la ausencia de ingresos si se deja de trabajar para entrar en cuarentena. El pan de cada día de la población que vive de su trabajo es la enfermedad, la precariedad laboral -que es generalizada entre la población migrante, las trabajadoras domésticas y la juventud en general- el paro, la falta de vivienda digna y la amenaza de hambre. Están dadas todas las condiciones para una explosión social generalizada.

Dentro de las filas de la burguesía, cada sector presiona hacia sus intereses, sin miramientos respecto a las consecuencias sanitarias inmediatas. El gobierno Sánchez-Iglesias ha cedido a la mayoría de esas presiones permitiendo un desconfinamiento rápido en la primera oleada y reaccionando muy tarde al rebrote de la segunda. Ahora España es el quinto país en mayor número de muertes por millón de habitantes (767), solo superado por San Marino, Perú, Bélgica y Andorra. Y estamos en la primera parte de la segunda oleada...

Las enormes tensiones políticas contra el gobierno, protagonizadas por PP-VOX (y hasta hace nada por Ciudadanos) son una manifestación de las contradicciones internas de la propia clase dominante, una parte de la cual, representada ahora por los partidos burgueses periféricos y un Ciudadanos reciclado, no tiene ningún empacho en apoyar al estado de alarma militarizado como respuesta a la pandemia ni en facilitar al gobierno socialdemócrata la gestión de los intereses comunes de todos. Reseñable la sumisión de los catalanes a pesar de que sus líderes están todavía en la cárcel o exiliados y el Estado acaba de inhabilitar a otro Presidente de la Generalitat.

La política del gobierno PSOE-Podemos se completa con el mantenimiento de todos los instrumentos represivos heredados de los años negros de Rajoy: ni siquiera ha derogado la ley Mordaza o la reforma del Código Penal, que cada día son utilizados por los cuerpos represivos contra las movilizaciones sociales y los militantes obreros, algunos de los cuales son afiliados de Podemos. El gobierno tampoco ha intentado depurar los servicios secretos, la Policía Nacional o la Guardia Civil. Y eso que el caso del comisario Villarejo ha dejado a la vista pública que esos organismos han sido utilizados de manera continuada para las maniobras de encubrimiento de la corrupción de la Corona, del PP y de las cúpulas de las empresas del Ibex. Y todavía más, han sido utilizados para construir montajes falsos contra Podemos o los partidos independentistas. Las cloacas del Estado, llenas de ratas asquerosas, están siendo tan respetadas como la Monarquía, la Iglesia o el ejército, con todas sus gastos parasitarios.

El estado de alarma recientemente aprobado no es un simple instrumento de lucha contra la pandemia. Se le ha dado una forma que entrega poderes de restricción de los derechos civiles al gobierno central y ahora también a los autonómicos. Y lo que todavía es más importante: pone al ejército en posición de actuar en todo el territorio... ¡durante los próximos seis meses! Un gobierno que no garantiza ni el pan ni la salud ni la vivienda a una porción importante de la población, es normal que se prepare para un endurecimiento de la lucha de clases y para reprimir sin demasiadas contemplaciones las posibles movilizaciones obreras y de las masas trabajadoras empobrecidas. Entre otras cosas porque las direcciones de las centrales sindicales tienen una estrecha y duradera colaboración con el Estado que las ha debilitado hasta el extremo de que se puede dudar respecto a su capacidad de control en estos tiempos tan excepcionales.

De hecho, pasados los primeros meses de estupor por la pandemia, la lucha de clases en todo el mundo y en el propio Estado Español se está recuperando. Cómo en todos lugares, los asalariados del sistema sanitario están en la vanguardia de las reivindicaciones y movilizaciones. También los trabajadores de grandes empresas amenazadas de cierre (Nissan en Cataluña, Alcoa en Galicia) o de los barrios obreros de las grandes ciudades, como por ejemplo los de Madrid, que sufren simultáneamente una sanidad desmantelada y confinamientos clasistas organizados por la presidenta filo-fascista Isabel Díaz Ayuso. Son siempre movilizaciones dispersas, descoordinadas, nunca impulsadas ni defendidas por las organizaciones obreras oficiales. Este es el mayor problema de la clase obrera en este momento crítico: bajo nivel de organización, bajo nivel de conciencia de clase, poca experiencia de autoorganización por medio de asambleas y comités de huelga elegidos en ellas, ningún partido obrero dispuesto a centralizar a todos los trabajadores y trabajadoras con el objetivo de acabar definitivamente con el capitalismo y todas sus miserias.

En ausencia de ese partido y si la clase obrera no es capaz de organizarse con voz propia, las clases pequeño burguesas gravemente afectadas por la crisis - y una parte de la propia clase obrera - están en peligro de caer bajo la influenza de los nuevos movimientos filo-fascistas. A la imagen de los grupos de este tipo en Europa o de los seguidores de Trump o Bolsonaro, en el Estado Español VOX y una gran corriente en el interior de PP (la pandilla Díaz Ayuso-Aznar-FAES) están desarrollando una gran actividad dirigida a estas capas sociales en rápida pauperización. Quieren dirigir la rabia social contra las medidas de contención de la pandemia, el parlamentarismo y, por supuesto, contra el gobierno que denominan socialcomunista. Como siempre, desde el nacionalismo pan-español, el racismo, la xenofobia, el clericalismo y el machismo. Se manifiestan al grito de "libertad": la de la España Una, Grande y Libre de Franco, por supuesto.

Estos grupos, las últimas semanas están organizando acciones cada vez más agresivas y extendidas geográficamente, aunque de momento sin muchos participantes. Pero el terreno social está abonado y pueden crecer en número y violencia de manera sustancial, a medida que se agrave la crisis, que el gobierno del PSOE-Podemos defraude más las expectativas depositadas en él y que la clase obrera no actúe bajo banderas propias ni organize la autodefensa contra ellos. Por eso, la responsabilidad de su vanguardia es decir las cosas claras y batallar para agruparse bajo uno programa de unidad e independencia de clase, de contenido internacionalista. Un programa que parta de las necesidades actuales de las masas y las ayude a descorrer el velo de las ilusiones en el capitalismo, en todo tipo de falsos profetas que quieren salvar un sistema sin futuro.

6 de noviembre de 2020