La situación de la clase obrera es muy grave: el trabajo que apenas nos garantiza la supervivencia, el paro, la inseguridad laboral, el vivienda inaccesible, son la otra cara de los privilegios de los ricos, cada vez más ricos, que han resuelto la crisis capitalista con la súper explotación del proletariado.

Desde la aprobación de la Ley Mordaza y la reforma del Código Penal, la represión sobre los que luchan contra esta situación se ha multiplicado: diariamente se hacen imputaciones judiciales graves a trabajadores cuyos delitos han estado hacer piquetes de huelga, defender a las familias pobres contra los desahucios, ocupar tierras de terratenientes absentistas, defender las manifestaciones contra la violencia policial, hacer chistes sobre franquistas o sobre la Virgen María en Internet, hablar en clase sobre el referéndum de l’1O, quemar fotos del rey o cantar cosas que no le gustan al gobierno o a la Iglesia. Mientras tanto, desde el poder se desvía la atención de la gente amplificando delitos comunes, explotados al máximo por los medios de comunicación.

Esta represión inusitada y creciente es la respuesta del gobierno que gestiona los intereses de la burguesía frente al importante ascenso de las movilizaciones de masas que vivimos desde ha más de un año. A pesar de la paz social que intentan imponer las burocracias colaboracionistas de los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, el incremento de las huelgas obreras, las mareas sociales, las marchas por la dignidad, las movilizaciones de las personas migrantes, las manifestaciones de las mujeres trabajadoras y los jubilados, muestran una reactivación clara de la lucha de la clase obrera después de tantos años de dura crisis económica.

Todo eso se proyecta también en la crisis catalana. El viernes 23 de marzo, el Tribunal Supremo, siguiendo desfachatadamente las instrucciones del gobierno del PP, decidió procesar a 25 representantes políticos y sociales catalanes. Por delito de «rebelión» (hasta 30 años de prisión) al Presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, al vicepresidente Oriol Junqueras y 7 consejeros de su gobierno disuelto, a la presidenta del Parlamento disuelto, a la secretaria general de ERC y a los dirigentes de ANC y Omnium Cultural. Por el delito de «desobediencia» (inhabilitación y multa) a 5 miembros del gobierno disuelto, 5 miembros de la mesa del Parlamento disuelto y las portavoces de la CUP, Mireia Boya y Anna Gabriel. Además, a algunos de ellos se les imputa el delito de malversación (hasta 8 años). El crimen: haber organizado un referéndum el 1 de octubre para que el pueblo catalán se manifestara democráticamente sobre la creación de una república catalana separada del reino de España.

El gobierno en minoría del PP – el primer partido imputado por corrupción, con más de 900 cargos imputados por la misma razón – debe su existencia a la voluntad del PSOE que, si quisiera, puede derribarlo desde las Cortes del Reino de España en cualquier momento. Muy al contrario, la dirección de ese partido está dejándole manos libres para criminalizar el referéndum y el independentismo catalán, para asfixiar financieramente a Cataluña, para reprimir policialmente las imponentes movilizaciones de masas, para disolver las instituciones estatales autonómicas (aplicación arte. 155) y para vetar la posibilidad de elegir nuevo presidente de la Generalitat, producto de las elecciones forzadas del 21 de diciembre.

No se trata de tener o crear ilusiones sobre que del movimiento independentista se puedan obtener contenidos favorables a la causa obrera, sino de comprender que la respuesta represiva del estado a las aspiraciones democráticas catalanas son un elemento de la involución política hacia formas que amenazan aún más las libertades políticas que necesitamos para luchar por nuestras reivindicaciones.

Por ello, es el momento de responder y parar la espiral represiva. Y hay que hacerlo como clase obrera. Porque es la burguesía española la que ataca y porque su fracción catalana también lo hace cuando lo interesa. Y porque, como se ha demostrado durante todo el «procés», la burguesía catalana, aunque sea víctima de la represión del estado, lo reconoce como propio y no deja de subordinarse a él. Como experiencia interclasista ya hemos tenido suficiente con el callejón sin salida en que han quedado las masas desconcertadas, mientras sus dirigentes «independentistas» se dedicaban a las negociaciones secretas para solucionar su propio futuro político, económico y personal.

Es necesario que todas las organizaciones del movimiento obrero del Estado Español, políticas, sindicales, sociales, de cualquier tipo, confluyan en un movimiento, como un puño :

• Por la derogación del pensionàs, las reformas laborales, la reforma del Código Penal y la Ley Mordaza
• Por la libertad inmediata y sin cargos de todos los presos políticos y luchadores sociales
• Por el fin de la represión política contra los independentistas en la comunidad catalana.
• Por el alzamiento inmediato del arte. 155.
• Por el derecho del pueblo catalán a elegir su destino sin interferencias del reino de España. Por el mismo derecho de todos los pueblos que lo deseen.

Abajo el gobierno Rajoy!

Hay condiciones para organizar una huelga general para conseguir estas reivindicaciones y acabar con el gobierno más corrupto y antiobrero que nos ha otorgado la monarquía heredada de Franco.

Hay condiciones por acabar con la monarquía y abrir el camino de un nuevo sistema de gobierno de los trabajadores por ellos mismos, que satisfaga las necesidades reales de la mayoría de la población y donde cada pueblo sea libre de elegir sus relaciones con la resto.