Estado de alarma. Crónica de un desastre

Cinco semanas después, el balance de la intervención es demoledor: los recursos de la sanidad privada no han sido puestos al servicio de la pública en absoluto. Peor todavía, se han autorizado cierres y ERTEs de las clínicas privadas mientras en los hospitales públicos se aplicaba el triaje de enfermos "con más probabilidad de supervivencia" a la hora de acceder a las UCIs y los respiradores. La obtención de suministros sanitarios se ha adaptado sumisamente a las condiciones caóticas del mercado nacional y sobre todo internacional: precios desorbitados, estafas, materiales defectuosos y aplazamientos de consecuencias desastrosas para la salud y vida de los enfermos y los trabajadores sociosanitarios.

No ha habido planificación ni siquiera colaboración interna ni internacional a la hora de intentar organizar racionalmente los suministros de emergencia. El folletín criminal y sin fin de la escasez mundial de mascarillas, tests y respiradores, ha sido la punta del iceberg del "sálvese-quién-pueda" que ha sido la tónica entre las administraciones central, autonómicas e incluso locales. Y la manifestación de la incapacidad de todos de hacer uso de los poderes extraordinarios que les daba el estado de alarma para poner a todas las empresas privadas necesarias a producir de manera inmediata de acuerdo con las necesidades perentorias.

Mientras tanto, el Estado Español es el campeón mundial en contagios del personal sociosanitario que, además de sufrir la grave insuficiencia de medios protectores, está trabajando hasta el agotamiento y cargando con el mayor peso de la situación, a base de voluntarismo.

Después de décadas de privatizaciones de la industria farmacéutica, hospitales y servicios sociosanitarios de todo tipo, de la reducción de efectivos, de contratos precarios, de cierre de plantas y hospitales enteros, la sanidad pública nunca había esta tan poco preparada para una emergencia como esta. El colmo del cinismo es que los partidos responsables de las privatizaciones y recortes (que son todos los que han gobernado en España y en todas las autonomías) ahora piden aplausos a los trabajadores sanitarios y les piden aceptar "heroicamente" la situación sin preguntarse sobre la causa.

Los poderes del estado de alarma tampoco han servido para expropiar sin indemnización - y con persecución penal de los propietarios y gerentes - de todas las residencias privadas de ancianos, responsables directas de la mitad de los muertos de la pandemia. La visión terrorífica de personas vivas y muertas juntas, abandonadas a veces durante días, con el escasísimo personal trabajando enfermo y sin protecciones, solo ha merecido la decisión de "intervenirlas", es decir, de salvar la situación respetando la propiedad. Y eso a pesar de que, como en el caso de la sanidad, la catástrofe estaba repetidamente anunciada por las organizaciones obreras desde hace más de una década: la entrega del sector (el 75% de las plazas) a manos de fondos buitres y multinacionales que solo buscan beneficios, la insuficiencia crónica escandalosa de personal, los sueldos de miseria (mínimo interprofesional) y la insuficiencia de medios materiales de todo tipo han sido el día a día de un servicio subvencionado por el Estado y las autonomías en porcentajes que van del 50 al 80%.

El confinamiento no es igual para todos

El confinamiento es necesario, sin duda, para parar la dolencia cuando presenta un crecimiento exponencial capaz de colapsar en pocas semanas los hospitales, las UCIs y las mismas morgues. Pero tiene muchas variantes posibles y no es la misma cosa cuando se vive en un chalé de Puerta de Hierro, que cuando dos familias con niños habitan un pequeño piso sin balcón. De todas las medidas de distancia social no solo es la más drástica, es la más que más golpea a las clases trabajadoras, tanto desde el punto de vista del espacio cómo del de la dificultad para sobrevivir tantas semanas sin trabajar ni ingresar dinero. Las situaciones dramáticas de hacinamiento en condiciones insalubres físicamente y psíquicamente y la inseguridad alimentaria están presentándose de manera generalizada, especialmente en las grandes ciudades.

La mano rígida de las instrucciones del gobierno no ha querido hacer adaptaciones de ningún tipo, ni territoriales ni casuísticas para aligerar - manteniendo las condiciones de distancia real - la tortura inhumana que en muchas ocasiones representa la prohibición de salir de la propia vivienda cuando ésta no cumple las condiciones mínimas de habitabilidad.

El rigor con que se aplica la represión de las vulneraciones al confinamiento también conoce las clases. Rajoy & cia pueden salir a correr sin consecuencias, los señoritos de Madrid o Barcelona se han confinado en Marbella o Andorra, pero la policía, la guardia civil y el ejército tienen helicópteros sobrevolando constantemente los barrios más pobres de las grandes ciudades y machacan a multas a la población trabajadora. Además, se han multiplicado las escenas de violencia policial gratuita contra las personas sin techo, de minorías étnicas o migrantes. Y el ejército patrulla las calles y las carreteras de todos los territorios del Estado como si fuera la cosa más natural.

Rescate ilimitado a empresas, parches insuficientes para la población trabajadora

En un mes, 4 millones de asalariados han sido lanzados al paro temporal (ERTE). y ya veremos qué significa eso de temporal. 800.000 trabajadores y trabajadoras más han sido despedidos (a pesar de la promesa del gobierno de prohibir los despidos durante el estado de alarma) y centenares de miles de trabajadores y trabajadoras autónomos o sin contrato se han quedado sin posibilidad de continuar trabajando durante el confinamiento.

El dinero sobra para las empresas, especialmente para las grandes, a las que se financia la parada productiva mediante los ERTE a la carta, pero falta para los trabajadores y trabajadoras más vulnerables. Ni siquiera se ha legalizado a los migrantes sin papeles, como ha hecho Portugal, aunque fuera para posibilitar su acceso a las ayudas más básicas y evitar el hundimiento de las familias en la miseria y el hambre. Las larguísimas colas ante los bancos de alimentos son comunes en las ciudades, mientras se atrasa semanas y semanas la medida 'estrella' de Podemos, la Renta Mínima Vital, que solo supondrá un ingreso de 500€ /mes (la mitad del salario mínimo) para cerca de un millón de personas y de la que estarán excluidos los migrantes en situación irregular.

La unión "nacional" o los Pactos de la Moncloa-2 para hacernos pagar la crisis

La gestión de la crisis por el gobierno PSOE-Podemos está teniendo el apoyo desvergonzado de las principales organizaciones sindicales (CCOO-UGT) y de los propios partidos tradicionales de las burguesías periféricas catalana y vasca, como siempre a la hora de la verdad (es decir la de salvar sus negocios y garantizar la estabilidad del poder burgués sobre la sociedad).

Pero la situación no es en absoluto estable. La larga y profunda crisis política de la monarquía no se ha borrado de la noche a la mañana. El coronavirus no ha podido esconder bajo la alfombra las contradicciones internas de la representación política de la burguesía, que han dado lugar a cuatro procesos electorales en cuatro años y al procés catalán. El ambiente político durante el estado de alarma refleja esta crisis hasta la histeria.

Si bien todos los partidos que son el apoyo básico de la monarquía sueñan con lograr la unión "nacional" (Pactos de la Moncloa-2) para conseguir un gobierno fuerte y estable, el tándem PP-VOX parece haber decidido llegar por un camino propio y muy peligroso: en el mejor estilo del populismo fascista, están desarrollando una oscura campaña mediática que pretende aprovechar la angustia social para derribar el gobierno actual. Puesto que están en minoría parlamentaria y social, el objetivo solo puede ser debilitar al máximo al adversario para o bien convertirse ellos en el núcleo del gobierno de unidad nacional, o bien ... para poner las bases de un golpe de estado militar, al que VOX llama de manera periódica.

El diagnóstico de la situación socio-económica más grave desde la posguerra civil está claro:

• Toda la intervención previa del Estado capitalista (en todos sus niveles) ha ido en la línea de facilitar los negocios y beneficios privados a toda costa, dejando en el límite la capacidad de respuesta organizada ante catástrofes sobrevenidas, incluyendo las anunciadas repetidamente por los científicos como la presente pandemia.
• La acción del gobierno español ante la crisis sanitaria y económica no se ha diferenciado en nada importante de la de los otros gobiernos burgueses del entorno europeo, independientemente de los partidos gobernantes. La ineficacia y el caos en el desarrollo de las medidas son la simple anécdota respecto al fondo de la cuestión: la preocupación central, a pesar de todos los comités con los mejores científicos, ha sido mantener los beneficios de la mayor parte posible de empresas y servicios privados, aún sabiendo que no disponían de garantías de seguridad para los trabajadores. Como en Italia, en Francia o los Estados Unidos, han sido los trabajadores de las grandes empresas - con huelgas salvajes casi siempre - los que han forzado la parada de la producción de las factorías, para evitar que se convirtieran en focos masivos de la dolencia.
• Las medidas económicas centrales se toman para facilitar la vida de la clase capitalista, respetando sus propiedades y mostrando una generosidad de recursos públicos que supera el salvamento de la banca privada en la crisis anterior.
• Las clases trabajadoras son las que más sufren la epidemia, los peligros del trabajo durante la epidemia y las miserias del confinamiento. Aun así, las medidas que se toman para paliar su dramática situación son mezquinas y llegan lentamente. El criterio, como está aconsejando el FMI en todos los países, es otorgar el mínimo necesario para evitar una explosión social inmediata. Fuera de este mínimo, ante el colapso de los servicios sociales y la caridad "privada", muchas familias están sobreviviendo al hambre gracias a redes espontáneas apoyo mutuo vecinal.
• La financiación de todas las medidas económicas extraordinarias está haciéndose fundamentalmente multiplicando la deuda pública y con cargo a la caja de la Seguridad Social, llevándola irremediablemente a la bancarrota. Las enormes sumas de las partidas presupuestarias dedicadas a la iglesia católica, al ejército, los cuerpos represivos o la monarquía están siendo religiosamente respetadas por el gobierno progresista.
• La Unión Europea no ha servido ni para coordinar la lucha sanitaria ni para dar apoyo solidario a los países más afectados. Una vez más se ha comportado exclusivamente como un cártel de banqueros que discuten con el cliente arruinado las condiciones de los créditos.
• Para hacer recaer sobre la clase obrera el coste de la lucha contra la pandemia y de la crisis económica histórica que se anuncia, el gobierno está dotando el Estado capitalista de nuevos instrumentos de control y represión social basados en tecnologías de vanguardia, en la línea marcada por el estado capitalista y dictatorial chino.
• El «nuevo pacto de la Moncloa» persigue apuntalar el orden burgués con un gobierno fuerte y estable ante el peligro de un estallido social. Sin embargo, las contradicciones centrípetas de la burguesía y la desconfianza en la capacidad del PSOE y Podemos para encorsetar el movimiento de las masas (como el PCE de los años '70), dificultan enormemente el pacto y son el territorio abonado para la simpatía de la pequeña burguesía por las soluciones militaristas de VOX.

La emancipación de los trabajadores será la obra de los mismos trabajadores

En estas condiciones, la clase obrera no tiene nada bueno que esperar de nadie. Ni del gobierno PSOE-Podemos, que se configuró para salvar la monarquía y gestionar lealmente los intereses del capital, ni de los dirigentes de las organizaciones obreras que colaboran con él (como con los anteriores). Todavía menos de los filo-fascistas que quieren derrocar el gobierno actual para resucitar todo el posible del régimen de Franco y al mismo Franco, si pudieran.

Ni en el Estado Español, ni en Europa ni en ninguna parte en el mundo, la clase obrera tiene que aceptar que el enemigo de clase gestione la crisis contra ella. Si algo ha demostrado la pandemia, es que el mundo funciona porque los trabajadores lo hacemos funcionar y que las fronteras y los intereses "nacionales" son graves obstáculos para la solución racional de la crisis y para los intereses de la mayoría de la sociedad.

Tenemos que recuperar la consigna de la I Internacional "La emancipación de los trabajadores será la obra de los mismos trabajadores". Y con todos los medios de que disponemos en cada momento, luchar con total independencia respecto a la clase enemiga y auto-organizarnos por las reivindicaciones más imprescindibles para la supervivencia del día a día, pero también para acabar definitivamente con el poder de la clase social que lleva la humanidad de catástrofe en catástrofe hacia la barbarie. Hoy, más que nunca, hay que ponerse a construir un partido obrero revolucionario y una internacional obrera revolucionaría para acabar con el capitalismo y construir una nueva sociedad socialista mundial.

4 de mayo de 2020

Internaciema Kolektivista Cirklo