[Editorial de Kreta Cirklo nº 9]

A punto de entrar en su tercer año de gestión, se impone la necesidad de un balance del gobierno PSOE-IU-Podemos, autoproclamado como "el más progresista de la historia".

Reformas laborales, salario mínimo, subsidios, migrantes, empleo

En dos años, el gobierno no ha derogado, como prometió, las reformas laborales que han reducido al mínimo los derechos de los trabajadores, implantado el despido libre casi gratuito y establecido la precariedad generalizada. El compromiso de subir el salario mínimo se ha quedado en cantidades ridículas que avergüenzan hasta a las sumisas burocracias sindicales de UGT y CCOO.

El "producto estrella" de Podemos, la Renta Mínima Vital, ha resultado ser más pobre y restrictivo que los instrumentos ya existentes en muchas comunidades autonómicas.

Los migrantes, incluidos los menores de edad, siguen siendo tratados como delincuentes y reenviados "en caliente" a Marruecos.

Además, el gobierno permite los despidos masivos en sectores tan rentables como la banca y prepara la expulsión de miles de interinos, tras privatizar la gestión de servicios públicos de tanta importancia como el SEPE.

Por otro lado, mientras las máquinas de marketing gubernamental anuncian las "grandes mejorías" del empleo en los últimos meses, la realidad es :

• que hay tres millones y medio de parados y solo dos millones recibe alguna prestación;
• que las tasas de paro superan el 38% entre los jóvenes;
• que se destruyen sin parar empleos de calidad en la industria y los servicios; que esos empleos perdidos se substituyen mediante contratos cada vez más precarios;
• que entre enero y septiembre de 2021, de 12,4 millones de nuevos contratos 11 millones han sido temporales (el 88,5 %) y uno de cada 5 a tiempo parcial.
• que la capacidad adquisitiva de los salarios se pierde día a día con una inflación media que en septiembre ya alcanzaba el 4%, y ello sin reflejar la escalada ni de los alquileres ni de la electricidad.

Pensiones

De la mano del ministro José Luis Escrivá, de trayectoria profesional siempre ligada a los grandes intereses bancarios (Banco de España, Banco Central Europeo, BBVA), el gobierno prepara un nuevo ataque al sistema público de pensiones. El proyecto profundiza en el gran pensionazo de Zapatero y se propone aumentar aún más la edad de jubilación (70-75 años, amenaza), reducir las pensiones reales castigando más la jubilación anticipada y cambiar de nombre pero no de contenido, la reforma del PP. Pero va mucho más lejos que todas las reformas anteriores: se centra en la entrada de los fondos de capitalización en el sistema actual, de reparto, y en el impulso de los planes privados colectivos. Se abre la vía, activamente, al viejo sueño de la burguesía de desmontar el sistema público de pensiones para abrir un territorio inmenso de negocio a la banca privada.

Vivienda

Los desahucios han alcanzado a 30.000 familias el último año, a pesar de la promesa de Sánchez-Iglesias de que se prohibirían durante la pandemia. Los precios de los alquileres han subido una media del 40% en los últimos 5 años, pero muchísimo más en las grandes ciudades y con la pandemia. Millones de jóvenes con trabajos precarios no pueden independizarse de los padres, millones de familias trabajadoras deben elegir entre pagar el alquiler o comer. Los pisos compartidos han dejado de ser una forma de vida de estudiantes para pasar a ser una necesidad de familias trabajadoras, hacinadas para poder pagar el alquiler o la hipoteca. Los desahucios alcanzan hasta los ancianos, cuyas pensiones ridículas no pueden absorber los incrementos de los alquileres.

Ante este drama, la propuesta de ley de Vivienda, pactada entre PSOE-Podemos, ni siquiera dificulta los desahucios de las familias. Se limita a aprobar medidas para facilitar la construcción y explotación privada de supuestas viviendas "sociales", a aprobar incentivos fiscales a los propietarios para que "no suban mucho" los alquileres y a subvencionar temporalmente (dos años), con 250 € al mes, a una proporción pequeña de jóvenes. Medidas todas ellas probadas ampliamente en otros países sin ningún éxito (solo hay que mirar la situación en Berlín después de varios años de implantar el mismo sistema incentivado de "control voluntario de los incrementos"). En realidad, palabras y palabras. Ni siquiera parches. Porque la base política del gobierno es el respeto absoluto a la propiedad privada de los grandes propietarios, incluso cuando ésta son cientos de miles de pisos en manos de los fondos buitre y provienen del salvamento a la banca con dinero público o de la privatización escandalosa de las viviendas municipales públicas.

Cataluña

Tampoco se ha avanzado nada importante para solucionar de manera democrática el conflicto con Cataluña: después de dos años como presidente del Gobierno, Sánchez mantiene la persecución activa del presidente en el exilio, Carles Puigdemont y se ha limitado a indultar parcial y condicionalmente a nueve presos insignia.

Más de 3.000 personas encausadas, arrastradas a la falsa proclamación de la república catalana, han quedado a merced del sistema judicial español, de sus leyes represivas intocadas y de sus jueces reaccionarios.

La paz institucional actual entre los gobiernos español y catalán desde luego no se debe a la acción del primero, sino a la capacidad de arrastrarse del segundo, de la mano de ERC i Junts, los representantes de siempre de las distintas fracciones de la burguesía catalana.

Estado postfranquista y leyes represivas

Todo está siendo respetado escrupulosamente por el gobierno: la monarquía putrefacta y corrupta, la iglesia católica con sus subvenciones y su poder, los aparatos judiciales, represivos y militar, controlados desde lo más profundo por las mismas fuerzas postfranquistas (incluidos el Opus Dei y los Legionarios de Cristo) que dominan al PP y Vox. Todo se respeta, aún sabiendo, por experiencia de los gobiernos anteriores del PSOE y por la propia de dos años, que esas fuerzas no por ser tratadas con guante de terciopelo dejarán de utilizar con rabia creciente sus recursos y su poder para intentar recuperar el gobierno.

Nada se ha tocado tampoco de las última leyes represivas del PP. En su campaña electoral el PSOE prometió derogarla, pero a la Ley mordaza se sigue aplicando a huelguistas, manifestantes, periodistas, artistas, bloggeros. Como el código penal y sus delitos "contra los sentimientos religiosos" y de "odio" , puros delitos de opinión que solo existen para defender a curas y fascistas.

Ni siquiera se ha depurado a la policía, tras las pruebas presentadas en el caso judicial Villarejo. El gobierno no parece ver razones para ello, a pesar del uso continuado del aparato policial y judicial para la persecución privada de los enemigos políticos externos del PP (Podemos, catalanes, con falsificación de pruebas..), o contra "amigos" interiores del propio partido. Sin contar la puesta a disposición de las cloacas del estado a favor de conspiraciones de tal o cual fracción de los consejos de administración de BBVA, Repsol, Caixabank y cualquier empresa que pagara bien.

Todo ello tiene sus consecuencias cada día: la mayor parte de la corrupción del PP queda impune en los tribunales, como la mayor parte de las agresiones policiales, fascistas u homófobas. La policía protege a los manifestantes de Vox y acusa de "delito de odio" a los manifestantes antifascistas que los encaran. Incluso un diputado de las Cortes puede ser condenado por el Tribunal Supremo (Alberto Rodríguez, Podemos) sin pruebas, con solo la declaración de un policía. Una situación habitual, por otro lado, en las sentencias contra trabajadores de los piquetes de huelga o representantes sindicales no domesticados.

El reciente acuerdo PSOE-PP-Podemos para la renovación del Tribunal Constitucional y el de Cuentas, con su reparto partidista de puestos, solo añade más descaro a la falsa independencia del sistema judicial. Intacto en toda su estructura, este sistema judicial ahora tendrá el aval explícito no solo del PSOE sino también de Podemos.

El precio de la electricidad y el oligopolio energético

Prácticamente cada día que pasa, el precio de la electricidad alcanza máximos históricos, sumándose a los efectos del encarecimiento de la vivienda y los alimentos. Para los primeros 9 meses del año, el INE calcula que el recibo de la luz a las familias ha subido un 40% a pesar de la reducción temporal de impuestos.

Hasta septiembre, mientras las familias trabajadoras eran las más afectadas, el gobierno se ha limitado a decir que se trataba de un problema muy a corto plazo, a pedir "empatía" (sic) a las empresas suministradoras o, ya en junio, a reducir temporalmente el IVA de la factura.

La decisión de intervenir solo se ha tomado en serio cuando en septiembre el precio descontrolado de la energía afecta a sectores importantes de la burguesía, y han empezado a haber cierres de empresas por imposibilidad de asumir los costes eléctricos. Empezaron los pequeños negocios, pero el pistoletazo de salida lo ha dado la siderúrgica de aluminio Sidenor, en Euskadi, que ha cerrado hasta diciembre, tras ver multiplicado por 4 su factura energética. Tras ella, inmediatamente, han anunciado cierres Fertiberia, Ferroatlántica, Asturiana de Zinc, AcelorMittal, y el listado se amplia semana a semana.

La explicación oficial del tripolio Endesa-Iberdrola-Naturgy, asumida oficialmente por el gobierno, es el encarecimiento internacional del precio del gas y con él los derechos de emisión de CO2 (que no es más que un impuesto de la UE), a causa del tirón de la remontada económica. No hay peor mentira que la verdad a medias. Si bien es cierto que se trata de un fenómeno mundial, poco a poco ha ido desentrañándose la madeja alrededor de las tarifas llamadas marginales, diseñadas para garantizar el máximo beneficio de las empresas. Estas tarifas imponen al consumidor el precio del método de producción más caro, ahora el gas. Como solo el 27% de toda la electricidad producida tiene ese origen, la electricidad originada por otros medios más baratos (el 73% del total) genera beneficios extraordinarios a la misma velocidad que se encarece el gas. Poco importa que se expulse a la pobreza energética a millones de hogares y se arruinen empresas.

Después de marear la perdiz durante meses negando lo innegable, el propio gobierno calcula, en su Plan de Choque aprobado en octubre, que estos beneficios extraordinarios embolsados por las eléctricas gracias a la subida del precio del gas ("beneficios caídos del cielo", dice) ascienden ya a 2.600 millones de euros. Que se suman a los 7.000 millones que anualmente obtienen de una manera supuestamente más terrenal.

El oligopolio no está dispuesto a perder la oportunidad de cualquier euro de beneficio. En pleno verano y época de sequía vacían pantanos - en secreto e impunemente - para aprovechar más aún la diferencia entre el coste barato de producción y el precio caro de venta. A cada insinuación del gobierno de controlar sus rentas, las eléctricas responden con tal prepotencia que ¡han llegado a amenazar con parar las centrales nucleares!

Las grandes corporaciones han decidido siempre lo que el gobierno debe hacer, para eso es su estado. Pero en este caso, los lazos de las empresas dominantes del sector con el aparato del estado son directos y escandalosos. Sus hombres ocupan los puestos de las instituciones encargadas de controlarlas. Además, el circuito se cierra con las llamadas "puertas giratorias": el tripolio Endesa-Iberdrola-Naturgy lleva décadas garantizando jugosas sinecuras a decenas de ex presidentes de gobierno, ministros, secretarios de estado y altos cargos de todos los partidos gobernantes. Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar encabezan la lista de agradecimiento por los servicios prestados. El último, Miguel Carmona en octubre de 2021, es un enanito al lado de ellos o de Miguel Boyer, Pedro Solbes, Luis de Guindos, Rodrigo Rato, Elena Salgado, Josep Borrell, Javier Solana o Narcís Serra.

Durante este tiempo, Podemos ha hecho de flanco izquierdo gubernamental con su propuesta de creación de una empresa pública para hacerle la competencia a las privadas. Puro humo podemita, que requeriría tiempo y mucho dinero público y que sirve para acostumbrar a sus seguidores a respetar la propiedad privada del gran capital y su derecho sagrado al beneficio en condiciones de mercado "más saludables". Este partido y el reformismo independentista vasco o catalán (Bildu, la CUP) han limitado todo su esfuerzo de movilización de masas a la convocatoria de algún apagón, como el del 8 de octubre "contra la subida de la luz y el oligopolio de las eléctricas", firmada junto a ERC y Junts. Jamás plantean la expropiación de las compañías y su puesta al servicio de las necesidades del conjunto de la sociedad, ni siquiera fijar un precio máximo de la electricidad. Nada nuevo que esperar de ellos. Las confederaciones sindicales, por su parte, gimen de vez en cuando en los medios de comunicación, rogando al gobierno "que controle los precios". Nada nuevo, tampoco.

Finalmente, el "Plan de choque" negociado con Podemos para la aprobación de los presupuestos pretende limitar durante unos pocos meses y parcialmente (dejando intacto el 10%) los beneficios extraordinarios. Pero se trata de una simple retención, porque se establece la garantía jurídica de recuperarlos en el futuro vía "déficit tarifario", ese mecanismo eterno que hace que el precio de la electricidad en España sea de los más caros de Europa.

En resumen, el Plan de Choque no es más que un pequeño parche que además costará a las arcas del estado 900 millones de euros de derechos de emisión de CO2, que se le condonan a las compañías. Y el 1 de abril de 2022 vuelta al mismo mecanismo infernal.

Capitalismo verde y el dinero de la UE

El Estado Español va a ser uno de los grandes beneficiados del fondo de emergencia COVID aprobado por la UE ("Next Generation"). Se le han adjudicado un total de 140.000 millones. Hasta el año 2023 se recibirán 72.000 millones de euros que no deberán ser devueltos, a diferencia del monto restante que podrá ser solicitado en calidad de créditos hasta 2026. Para entender la envergadura de los números: se va a recibir en dos años, en concepto de subvención no retornable, el equivalente al 6,3 % del PIB anual. Se trata de un pastel gigantesco a repartirse entre las distintas fracciones económicas y territoriales de la burguesía. Las luchas, la compra-venta de votos, las trampas y los escándalos están ya desarrollándose. Los más fuertes se harán con la parte del león.

El control centralizado de estos fondos desde el gobierno le otorga a éste un poder enorme. Pero, por ello mismo, también agravará aún más la saña con la que será acosado por el partido desplazado, el PP, y su actual perro de presa, Vox, que movilizarán desesperadamente a sus bases sociales actuales y potenciales. Y, ante la ausencia de organizaciones de masas que defiendan mínimamente los intereses de las clases trabajadoras, puede que arrastren tras de sí y sus posiciones ultrarreaccionarias a fracciones importantes de la pequeña burguesía arruinada y de la propia clase obrera. El fenómeno Díaz Ayuso de Madrid no es más que un ensayo en esta dirección.

El "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" es el proyecto del gobierno PSOE-Unidas Podemos para el uso de estos fondos. Oficialmente, uno de sus objetivos principales es "la transición energética" que implicará el reparto multimillonario entre las grandes empresas energéticas que tienen a todo el Estado contra las cuerdas y que, además, son las mayores contaminantes. Dinero al lobo, para que cuide las ovejas.

Por otro lado, la sinceridad de la entrega del gobierno a la lucha contra el cambio climático la muestra su apoyo a los proyectos de ampliación de los aeropuertos de Barcelona o Madrid y a la del puerto de Valencia, que tanto interesan a la gran burguesía. No obstante, al ejecutivo sí le parece muy ecológico su proyecto para crujir de peajes a los usuarios de las carreteras, mientras permite que los precios ferroviarios entre grandes ciudades sean inaccesibles a las familias trabajadoras.

Nada de todo este dinero europeo está previsto que se aplique a aliviar problemas y necesidades de la clase obrera y el resto de trabajadores. No se dedicarán, por ejemplo, a la mejora de la sanidad pública, deteriorada después de décadas de recortes. Ni siquiera a actualizar los sueldos del personal sanitario, exhausto por una pandemia controlada, pero no finalizada. De hecho, no nos cabe la menor duda de que los fondos europeos tampoco se dedicarán de verdad a aliviar a la naturaleza del agresivo acoso de la producción capitalista, porque el único objetivo de esta es la maximización del beneficio privado, y es eso lo que nos ha llevado al desastre ecológico actual.

Esto es la socialdemocracia en su más pura naturaleza: cuando gobierna, gestiona los intereses conjuntos de la burguesía y adormece a las masas trabajadoras con promesas y pequeñas migajas o parches que no solucionan los problemas y que son fácilmente reversibles por gobiernos posteriores.

La clase obrera existe y necesita luchar

Pasado el estupor y las limitaciones de los meses más duros de la pandemia, la clase obrera empieza a retomar impulso en sus luchas, casi siempre defensivas. A las importantes movilizaciones recurrentes en defensa del sistema de pensiones, se suman las cada vez más habituales huelgas en el sector sanitario, metros, ferrocarriles, bomberos forestales o metal. Entre ellas cabe destacar la huelga de Tubacex, en Euskadi, que ha durado 236 días y obtenido la reincorporación de los 129 despedidos. Es un hito muy importante en los actuales tiempos y una victoria amarga, porque ELA y CCOO han dividido a última hora a la asamblea y firmado la ampliación de la jornada anual en 40 h y la congelación salarial hasta el 2025. Pero es una prueba más de que la lucha, la democracia obrera y la unidad permiten vencer.

En este momento, los ejes prioritarios que exigen alcanzar un frente común de la clase obrera y de todas las clases trabajadoras son:

• La defensa de los puestos de trabajo de calidad frente a la precarización,
• la reducción de las horas de trabajo hasta acabar con el paro,
• la actualización de los salarios y pensiones frente a la pérdida de poder adquisitivo,
• la congelación de los alquileres en el nivel más bajo anterior a las dos burbujas inmobiliarias,
• la congelación del precio de la electricidad en el nivel, como mínimo de 2019,
• la defensa de la sanidad, el sistema público de pensiones y la enseñanza pública,
• la regularización de los trabajadores y trabajadoras migrantes,

Un frente común para la lucha. Porque solo ejerciendo la lucha de clase contra clase se obtienen victorias. Del actual gobierno, reformista sin auténticas reformas, los trabajadores no pueden esperar ninguna solución real a sus problemas y necesidades.