El 1 de febrero de 2021, tras 10 años de supuesta transición democrática, el Estado Mayor del ejército birmano tomó el poder por cuarta vez desde la independencia, en 1948, de la Birmania-Myanmar colonizada por británicos y japoneses. Los militares detuvieron al presidente Win Myint, a la primera ministra Aung San Suu Kyi y a numerosos miembros de la Liga Nacional para la Democracia (LND), mayoritaria en el parlamento, la Asamblea de la Unión, que debía reunirse unas horas después. La junta nombró presidente al comandante en jefe del ejército, Min Aung Hlaing. Inmediatamente prometió nuevas elecciones, pero tras un año de estado de excepción.

Al igual que Trump en Estados Unidos, el general impugnaba las elecciones generales del 8 de noviembre de 2020, que le habían sido desfavorables: la LND de Suu Kyi había aplastado en las urnas a los demás partidos burgueses, especialmente al que sirve de paraguas civil al ejército, el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (PUSD). La LND obtuvo 258 escaños en la Cámara de Representantes, el PUSD 26. La LND obtuvo 138 escaños en la Cámara de las Nacionalidades, el PUSD 7.

El hecho de que el ejército pisotee la Constitución no significa que ésta sea democrática. Fue concebida en abril de 2008 por la antigua junta militar y aprobada en referéndum por más del 92%. La constitución de 2008, que entró en vigor en 2011-12, garantizaba la inmunidad judicial de la junta, permitía destituir a Suu Kyi de la presidencia, reservaba el 25% de los escaños parlamentarios a los militares. El comandante en jefe también nombraba a los ministros de Defensa, Interior y Fronteras. Además, negaba el derecho al voto a más de 300.000 rohingyas.

Mientras que la Constitución de 1947 otorgaba la propiedad de la tierra al Estado, la de 2008 la devuelve a la propiedad privada. Esto se refuerza con la ley del 30 de octubre de 2018, que en particular permite el despojo de las comunidades agrarias minoritarias. Las grandes empresas pueden empezar a apoderarse de la tierra, lo que provoca una deforestación masiva.

Con la ley del 28 de marzo de 2012, el Estado reconoce el derecho a la sindicalización y el derecho a la huelga, pero impone el "Órgano de Conciliación" y el "Órgano de Arbitraje" que incluye a los representantes del Estado burgués.

Suu Kyi, apoyada por los gobiernos imperialistas de Norteamérica y Europa Occidental y objeto de un verdadero culto por parte de los medios de comunicación occidentales, hace suya esta parodia. La "transición democrática" permite el levantamiento de las sanciones y la obtención de inversiones extranjeras (China, Singapur, Tailandia, Corea del Sur, Gran Bretaña, Japón, India, Francia, Estados Unidos...). El ejército y sus empresas (los conglomerados oficiales UMEH y MEC y también el tráfico de jade, madera, opio y anfetaminas) se benefician del vigoroso crecimiento económico (más del 6% en 2018 y 2019). Aunque se ha ralentizado con la crisis económica y sanitaria mundial en 2020 (+2%): descenso de las exportaciones de bienes, caída del turismo japonés y chino, aumento del gasto sanitario...

En 2015, la LND ganó las elecciones generales por un amplio margen. Como partido burgués, la LND compite en nacionalismo con el Estado Mayor: "El Ejército y la LND, dominada por los bamares, comparten la misma visión de las minorías" (Le Monde diplomatique, marzo de 2021). El chovinismo birmano tiene fuertes tintes clericales (budistas, la religión de cerca del 90% de la población) y racistas (basados en los bamares, el 68% de la población y el 100% del Estado Mayor militar).

Desde 2012, la "transición democrática" va acompañada de un proceso antidemocrático. Un sector del "shanga" (el clero budista) dirige una campaña racista contra la minoría musulmana. En 2012, con la ayuda de la policía y el ejército, los fascistas dirigidos por el monje Wirathu boicotearon los comercios musulmanes, asesinaron a 200 rohingyas en el estado de Arakan y expulsaron a 140.000 de ellos. En 2013, en la región de Mandalay, fanáticos bamares budistas ayudados por la policía matan a 40 rohingyas y expulsan a 10.000. En 2016-2017, en el estado de Arakan, los monjes y el ejército destruyen 300 pueblos y masacran a 7.000 personas. Australia, Malasia e Indonesia rechazan a 800.000 musulmanes que acaban refugiándose en Bangladesh. Suu Kyi oculta esta limpieza étnica. Por ejemplo, en un mensaje del 5 de septiembre de 2017 al presidente turco Erdogan, calificaba de "información falsa" las denuncias de atrocidades cometidas en aquella región; de paso, le decía que se enfrentaba al mismo problema que él con el PKK en el Kurdistán.

El 1 de febrero de 2021, la Junta derogó la ley que protegía la privacidad y la seguridad de los ciudadanos. Para crear desorden, liberó a 23.000 presos comunes.

El golpe militar ha sido recibido de inmediato con gran resistencia en todo el país. El capitalismo, al desarrollarse, ha creado empresas, universidades y administraciones civiles, y relaciones con el resto del mundo. El "Comité de Representación de la Asamblea de la Unión de Myanmar" (CRAU-CRPH), creado por la LND, proclama un "movimiento de desobediencia civil" pacifista (MDC-CDM). Los sindicatos, incluido el CTUM, lo apoyan convocando jornadas de huelga. Min Aung Hlaing toma represalias prohibiendo las organizaciones sindicales el 26 de febrero.

De hecho, sobre el terreno, los trabajadores han desencadenado una verdadera huelga general, indefinida en el transporte ferroviario, el textil, los bancos, la electricidad, la sanidad, la educación, los supermercados, los puertos, los restaurantes de comida rápida, correos... Esta gigantesca fuerza social ha alimentado la movilización de los jóvenes en las calles (jóvenes trabajadores, estudiantes) que utilizan las redes sociales. En todas partes, incluso en la defensa de las manifestaciones, las mujeres desempeñan un gran papel.

Por su parte, el Estado ha endurecido rápidamente la represión. Contra la información, los cortes de Internet y las incautaciones de oficinas de periódicos (Myanmar Now, Democratic Voice of Burma, Khit Thit Media, Mizzima, 7 Day News...). Contra las huelgas, la intimidación en las administraciones, las universidades, los astilleros y el desalojo de sus casas de los trabajadores ferroviarios en huelga. Contra las manifestaciones, las mangueras de agua, las balas de goma, la munición real. La Junta ya ha matado al menos a 70 personas y ha encarcelado a unas 1.300 (entre ellas 34 periodistas).

La vecina China es la potencia imperialista dominante en Birmania-Myanmar. En enero de 2021, justo antes del golpe, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, había visitado el país. Pero ante los continuos disturbios, incluso el gobierno de Pekín comienza a inquietarse.

Los trabajadores tienen razón al luchar contra la junta, por la liberación de los presos, por las libertades democráticas. Pero no deben depositar sus esperanzas en la ONU y en tal o cual Estado imperialista de los que se disputan el mundo pero que están de acuerdo en lo esencial: Birmania debe seguir siendo capitalista, sus riquezas naturales (gas, petróleo, oro, madera, jade, rubíes, cobre, oro...) deben seguir siendo saqueadas, sus trabajadores del campo y de las ciudades deben seguir siendo explotados. Que recuerden que el general Min Aung Hlaing fue recibido en 2017 por los estados mayores europeos y los traficantes de armas en el momento en que dirigía personalmente la masacre de los rohingyas. El destino de los palestinos o de los uigures demuestra que las clases dirigentes de las grandes potencias y las de los países vecinos no se preocupan por los pueblos oprimidos ni por las libertades más elementales.

Aunque los trabajadores pueden cooperar a veces, por razones prácticas, con la oposición burguesa y las direcciones nacionalistas de las minorías oprimidas, no deben confiar en Suu Kyi y la LND. La rivalidad de este último con el general Min Aung Hlaing y el Estado Mayor militar se mantiene en el marco del capitalismo y del Estado burgués. El golpe del ejército es una reacción contra el intento de una fracción de la burguesía birmana representada por Suu Kyi y su partido, la LND, de recuperar el control directo sobre los sectores de la economía que están bajo el control de los generales.

En efecto, la burguesía "liberal", la LND y su gobierno alternativo (CRAU-CRPH) temen más a la huelga general, al armamento del pueblo y a la formación de soviets que a la dictadura militar. Los trabajadores deben recordar que en 1988, Suu Kyi y la LND ya traicionaron a las masas que hicieron huelga general u ocuparon tierras y empezaron a crear comités en los barrios. En julio, el ejército cambió al general a la cabeza del Estado (Sein Lwin sustituyó a Ne Win), garantizó un sistema multipartidista y prometió elecciones. Suu Kyi fundó entonces la LND para reprimir la revolución que estaba empezando, para animar a los estudiantes y a los trabajadores a no defenderse y a confiar en el ejército (discurso del 26 de agosto de 1988 en la pagoda Shwedagon de Rangún). En septiembre, el ejército aplasta el movimiento (3.000 muertos). En 1990 se celebraron elecciones, ganadas por la LND, pero la Junta mantuvo el poder.

Los sindicatos obreros deben preservar su independencia frente a la Junta, pero también frente a la LND y su gobierno alternativo CRAU, que también está al servicio de los explotadores. Al calor de la acción, los trabajadores deben construir su propio partido sobre la base del marxismo de Marx, Engels, Luxemburg, Lenin y Trotsky; crear sus propios órganos de defensa y organización.

En todas partes, inspirados en las luchas democráticas de Hong Kong y Tailandia, jóvenes decididos están formando milicias para proteger las manifestaciones; en Yangon, ha habido barricadas; en Rangún, están utilizando cócteles molotov. En Dawei, la guerrilla de la Unión Nacional Karen (KNU) defiende a los manifestantes. Los policías están desertando.

Hay que organizar la lucha contra la junta, recuperar las armas, defender a los huelguistas y a los manifestantes, organizar asambleas generales y elegir comités de huelga en las empresas, crear consejos en los distritos, en las aldeas, centralizar los órganos básicos regionales y nacionales para constituir la dirección política de los obreros, los empleados, los campesinos, los estudiantes y las minorías nacionales, ¡para derribar la dictadura y sustituirla por su propio gobierno!

También en Tailandia se han reanudado las protestas contra el gobierno respaldado por los militares. La clase obrera del mundo es la única fuerza social que puede ayudar al movimiento de masas que se opone a la junta militar y que sólo puede derrotarla definitivamente iniciando una revolución social:

• Liberación inmediata de todos los presos políticos. Anulación de todos los cargos contra ellos.
• Legalización de las organizaciones sindicales. Libertad de opinión, de prensa, de organización, de huelga, de manifestación...
• Ocupación de empresas y administraciones. Autodefensa contra el ejército, la policía y los fascistas budistas. Milicias populares para desarmarlas, disolverlas y sustituirlas.
• Derecho de los refugiados al retorno inmediato a sus tierras. Indemnización para los rohingyas. Igualdad jurídica y respeto a las minorías nacionales. Por el derecho de las minorías nacionales a separarse del Estado birmano.
• Restitución de la propiedad colectiva de la tierra a las cooperativas y comités de campesinos trabajadores.
• Fin de la persecución de ateos y musulmanes. Secularización completa del Estado.
• Fin de la opresión de las mujeres.
• Expropiación de las grandes empresas, controladas o no por los militares, y de los grupos capitalistas extranjeros.
• Gobierno obrero y campesino basado en comités de empresa, de barrio, de universidad y de pueblo.

Por los Estados Unidos Socialistas de Asia.

14 de marzo de 2021

Colectivo Revolución Permanente (Alemania, Austria, España, Francia, Turquía)