La crisis política española está enmarcándose en un nuevo contexto de lucha de clases internacional, donde la huelga indefinida de los transportes públicos franceses (¡mes y medio!) es actualmente el hito más importante. Una oleada impresionante de rebeliones contra los gobiernos en todos los continentes (Argelia, Chile, Haití, Líbano, Irán, Sudán, Hong Kong...) ha puesto a la vista del tablero mundial la fragilidad de los sistemas de dominación capitalista que imponen a las masas una pobreza creciente. Con una característica bastante general: las movilizaciones tienden a escapar del control de las viejas direcciones reformistas (políticas y sindicales) o directamente burguesas, del mismo modo que se vio durante los disturbios de Cataluña en el octubre pasado.

Ahora, en España, el nombramiento del nuevo gobierno PSOE con Pablo Iglesias en una vicepresidencia y cuatro ministros de PODEMOS, domina momentáneamente "el ambiente político" del Estado Español. Para su formación se ha necesitado la abstención, cuando no el voto favorable, de todo tipo de partidos regionalistas, nacionalistas e independentistas, la mayor parte de los cuales - y sobre todo los más importantes (ERC [partido burgués catalán] y PNV [partido burgués vasco]) - representan directamente una fracción de las burguesías periféricas.

Ningún problema para nuestros socialdemócratas tradicionales (PSOE) y los de nuevo cuño (PODEMOS, los que hace cinco años "asaltaban los cielos"). El programa de gobierno que han anunciado no pone en cuestión ningún elemento estratégico para el mantenimiento del statu quo social, político ni económico del Estado Español.

En 50 páginas llenas a rebosar de expresiones totalmente vacías del tipo "se revisará, se estudiará, se apostará, se impulsará", el documento firmado por Pedro Sánchez [líder del PSOE] y Pablo Iglesias [líder de PODEMOS] destaca mucho más por el que calla que por lo que dice que hará.

Por ejemplo, después de titular un apartado con la vieja promesa electoral de "derogaremos la reforma laboral de 2012", se comprueba que solo prevén derogar alguno de los aspectos más agresivos de esa reforma, mientras piensan mantener una buena parte de ella y la totalidad de las anteriores reformas laborales. El texto promete hipócritamente "avanzar en la reducción de la precariedad y la pobreza" cuando, precisamente, esas reformas son las culpables de la extensión generalizada de la precariedad laboral en la clase obrera, de los salarios de miseria consecuentes y de la pérdida de derechos frente al poder patronal. En este contexto, el anuncio de un "nuevo Estatuto del Trabajador" tiene que entenderse como la voluntad de incorporar las reformas laborales al rango de ley orgánica y de introducir el despido gratuito de los trabajadores, implantando la llamada "mochila austríaca" que defiende el PSOE.

El programa de gobierno incluye la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC [índice de los precios al consumidor], ganada por la gran lucha de los trabajadores jubilados, pero prevé mantener la reforma de las pensiones del Gobierno Zapatero y aprobar una adicional.

El problema de la vivienda, que desespera millones de familias, se encara con buenas palabras ("se frenará, se impulsará") mientras existen centenares de miles de pisos en manos de los bancos y de los fondos buitres, que no tienen nada que temer de los nuevos gobernantes.

La enseñanza de la religión dejará de ser curricular, pero no se tocará la financiación de la enseñanza privada, mayoritariamente religiosa, ni de la religión en los centros públicos. Tampoco, está claro, la escandalosa financiación general de la iglesia católica.

La Ley de Extranjería, la existencia de los CIE's [centros de internamiento para extranjeros sin papeles], la militarización de las fronteras contra los migrantes, la pertenencia a la OTAN y las intervenciones de tropas españolas al extranjero tampoco entran en la voluntad "reformista" del nuevo gobierno.

Todo el aparato represivo será mantenido, pero por si alguien se preocupa, se anuncia repetidamente (al menos en dos puntos) el incremento de los efectivos de las "fuerzas y cuerpos de seguridad del estado" además de "un plan de infraestructuras de la Guardia Civil [policía militarizada]".

Ni la Ley Mordaza [ley que limita muy gravemente la libertad de expresión] piensan derogar de verdad: se limitan a decir que harán un otra Ley que la "sustituirá". Podemos imaginar que lo harán en la línea del Decreto ley de mordaza digital [permite al gobierno cerrar sitios web sin mandato judicial] aprobado recientemente por el gobierno de Pedro Sánchez, para reforzar la represión de las protestas masivas contra la sentencia de los presos independentistas catalanes.

El gobierno del PSOE-Pedro Sánchez no ha rebajado ni un poco la represión desarrollada contra Cataluña por el gobierno Rajoy. Ni modificado la infame política penitenciaria contra los presos vascos que implantó Felipe González. Ahora, en manos del gobierno PSOE-PODEMOS, la negación del derecho a la autodeterminación del pueblo catalán toma la forma de oferta de diálogo "dentro de la Constitución", lo que no puede tener más significado que ganar tiempo para desactivar las movilizaciones catalanas de los últimos años, y las recurrentes en Euskadi, que ponen en cuestión directamente la monarquía, es decir, el actual sistema de dominación político del capital en el Estado Español.

En resumen, el nuevo gobierno se propone ofrecer algunas reformas que creen ilusiones de cambio en el seno de la clase obrera (de la que forman parte los pensionistas), de las nacionalidades oprimidas y de los sectores sociales con más capacidad movilizadora, como por ejemplo, las mujeres y los homosexuales.

[El gobierno] Ya ha obtenido (y continuará comprando) el aval explícito de las burocracias sindicales y la colaboración de los dirigentes nacionalistas y de los movimientos feministas y LGTB mayoritarios, como en otras ocasiones consiguieron los gobiernos PSOE. Pero la estabilización política que busca para cerrar la crisis histórica de la monarquía y lograr "la paz social" es la cuadratura del círculo, porque ninguno de los problemas que han estado en la base de la crisis política de los últimos años van a ser resueltos.

Las condiciones de vida de la clase obrera han empeorado mucho las últimas décadas, a causa de las crisis económicas sucesivas, del ataque de todos los gobiernos (incluidos los del PSOE) contra las viejas conquistas sociales, y ahora aún más por el desenfreno del precio de la vivienda. Hay 3,2 millones de parados y entre los jóvenes menores de 25 años la tasa de paro es del 33,4%. Los salarios no recuperan el poder adquisitivo, el 92% de los nuevos contratos son eventuales y la mayoría de ellos por horas y días . La jornada real de ocho horas es un viejo sueño. Y ya se acerca la próxima crisis, que reforzará necesariamente las exigencias de la burguesía hacia el gobierno, para que le ayude a aumentar su parte del menguante pastel y para que reprima sin demasiadas contemplaciones las luchas obreras y sociales.

Por la misma razón, la agresividad de los partidos del trifachito [PP, Ciudadanos, VOX] contra el gobierno de la coalición "de izquierdas" - ya desbocada actualmente - irá in crescendo, por mucho que el gobierno demuestre ser un leal gestor del capitalismo y defensor de la unidad de España. Cuando las cosas van mal, el amo prefiere gobernar directamente que no con intermediarios.

Además, contra este tipo de gobierno, el mensaje de populismo fascistizante de VOX es probable que incremente su audiencia entre las capas de la pequeña burguesía en peligro de pauperización e incluso en algunas franjas de la clase obrera. Estas capas sociales, cuando dejan de esperar del gobierno una mejora de su situación, y no ven que las organizaciones de la clase obrera luchen por un futuro diferente, se vuelvan especialmente permeables a los discursos más reaccionarios y activamente antiobreros que se presentan bajo la bandera de la patria, la raza, la religión y la supremacía del macho.

Este gobierno PSOE-PODEMOS, en definitiva, trabajará para aumentar "la gobernabilidad" burguesa del Estado, pero no logrará ni un día de respiro otorgado por los partidos, los medios de comunicación y los aparatos del estado, en manos de la derecha españolista, heredera - todas sus ramas - del franquismo.

A los revolucionarios comprometidos a organizar un auténtico partido de la clase obrera que luche por acabar definitivamente con la putrefacción económica, política y social del capitalismo, nos corresponde decirlo muy claro: a pesar de que aparente un "talante" diferente, este gobierno trabajará sometido a la burguesía y, por eso mismo, no resolverá los problemas de los trabajadores y trabajadoras. Ni liberará de la opresión a los pueblos. Tampoco con él hay futuro. Solo si conseguimos arrancarle el poder a la clase capitalista y tomarlo con nuestras manos evitaremos que cada día nuestra existencia sea más dura y miserable.