La proclamación del estado de emergencia con el ejército en primera línea

En los días posteriores al aumento de las tarifas, los estudiantes de secundaria y universitarios de Santiago de Chile lanzan una lucha espontánea llamando a viajar sin billete, y ocupando las estaciones de metro imponiendo la gratuidad para exigir la cancelación de la medida. El gobierno responde enviando a la policía y el ejército, evacuando estaciones y con una violenta represión. El 17 de octubre, el sindicato de trabajadores del metro, vinculado a la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), denuncia la presencia policial y exige una tarifa social. El 18 de octubre, se lanza una convocatoria de manifestaciones en las redes sociales y miles de personas se manifiestan en Santiago frente a las estaciones de metro. El lumpen aprovecha la oportunidad para saquear los supermercados y una minoría anarquista incendia autobuses públicos y estaciones de metro.

El 19 de octubre, el presidente Piñera decide cancelar el aumento pero, gracias a una ley que data de la dictadura, establece un estado de emergencia en las 3 principales ciudades del país (Concepción, Valparaíso, Santiago). Más de 10.000 soldados patrullan las ciudades, controlan y aseguran el toque de queda por la noche en la capital y su área metropolitana. Entonces la gente ha respondido saliendo en masa a las calles al grito de "¡Fuera Piñera, fuera el ejército! Decenas de miles de manifestantes hacen caceroladas en todo el país. Los más decididos atacan edificios públicos, mientras que otros saquean hipermercados. El ejército detiene centenares de personas (se reportan desapariciones, violaciones y torturas como el tiempo de Pinochet), dispara sus armas y hiere a docenas de personas. Hay varios muertos.

El 20 de octubre, Piñera justifica el mantenimiento del dispositivo militar: "Estamos en guerra contra un enemigo poderoso". Pero nada detiene a las masas que rechazan el regreso de la dictadura. Al día siguiente, Piñera convoca a los partidos de oposición y recibe el apoyo de todos los partidos burgueses (RN, UDI, PDC, PRSD, PPD). Los partidos obreros burgueses (PSC, PCCh) y la coalición pequeñoburguesa Frente amplio (FA) se niegan a acudir mientras se mantenga el estado de emergencia. Pero se niegan a asumir la exigencia popular de derrocar al presidente.

El 21 de octubre, a petición del sindicato de estibadores de Valparaíso, una huelga de apoyo al movimiento es seguida en todo el país por el 95% de los trabajadores del sector. El mismo día, la mina de cobre más grande del mundo, propiedad del grupo anglo-australiano BHP, para el trabajo a convocatoria del sindicato. Los 3.000 mineros ya habían realizado 6 semanas de huelga a finales de 2017 en demanda de un aumento salarial.

El 22 de octubre, el presidente finge un paso atrás al pedir «perdón» mientras mantiene el estado de emergencia. También trata de calmar a los millones de trabajadores del país anunciando el aumento del 20% de la pensión mínima, del salario mínimo, la congelación del aumento del 9% en la tarifa eléctrica, la reducción de precio de las medicinas, la disminución de las «asignaciones» de los parlamentarios (32 veces más altas que el salario mínimo), el aumento de los impuestos a los más ricos.

La válvula de las jornadas de acción y la maniobra de diversión de la Asamblea constituyente

El mismo día, la Mesa de Unidad Social, una coalición de sindicatos y asociaciones formada por la burocracia del PCCh en la dirección de la CUT, llama a una huelga con el apoyo del PCCh y el FA. Pero está limitada a 48 horas. Y ya lanza la posibilidad de una asamblea constituyente.

Proponemos avanzar a una Asamblea Nacional Constituyente para que elabore participativamente un nuevo marco estructural de la sociedad chilena, y que abra paso a un nuevo modelo de desarrollo nacional, que ponga término al actual modelo neoliberal injusto y abusivo.

Finalmente, rechazamos las graves declaraciones del Presidente Piñera que señala que “está en guerra” en contra el pueblo de Chile. Quién arrastra al país a una grave confrontación no merece ser Presidente de Chile, por lo que exigimos su renuncia. (CUT, 22 octubre)

Una asamblea constituyente es una maniobra de diversión, una pura solución burguesa en un país que reconoce a los partidos políticos y ya concede elecciones por sufragio universal. Los herederos del estalinismo - responsables de haber desarmado a las masas y haber aplaudido el nombramiento del general Pinochet en el Gobierno del Frente Popular de Allende en 1973 - protegen al estado burgués y al capitalismo chileno. Para ello, intentan limitar la huelga y canalizar al proletariado y a los jóvenes hacia la reorganización de las instituciones, dejando intactos al ejército y la policía. Sus asistentes centristas (PTR-FTCI, MA-LIS, MST-UIT ...) también defienden esta salida para la burguesía, que ellos pintan de rojo con su “asamblea constituyente libre y soberana”.

La huelga se sigue masivamente. El 23 de octubre más de un millón de personas se manifiestan por todo el país. Las direcciones sindicales logran evitar la autoorganización de la clase trabajadora y el movimiento estudiantil. No se crean servicios de orden. De manera complementaria a las maniobras de la MUS, los dos partidos reformistas exigen un "diálogo social" entre el presidente, que así se mantendría en el poder, y la burocracia sindical a través de la propia MUS.

El único espacio de diálogo legítimo y democrático, es el que considere, en igualdad de condiciones, a la Mesa de la Unidad Social. El gobierno debe terminar con la exclusión que trata de imponer. (PCCh, 23 octubre)

El verdadero diálogo debe realizarse (…) nosotros contamos con mecanismos para hacerle llegar al Gobierno nuestras propuestas (PSC, 24 octubre)

El 23 de octubre, mientras piden un diálogo social con el gobierno asesino, los parlamentarios del PCCh y del FA lanzan una "acusación constitucional". Se trata de un procedimiento de juicio político, que debe ser aprobado por una mayoría parlamentaria (que no se puede cumplir). De esta manera, los cretinos parlamentarios intentan adormecer a las masas con falsas ilusiones para que confíen en la asamblea nacional que apoya a Piñera desde su elección en 2017.

Pero las masas no han hecho caso de estos llamamientos vergonzosos a fin de mantener al gobierno actual en el poder. El 25 de octubre, más de un millón de manifestantes en Santiago y cientos de miles más en el país exigen el fin del estado de emergencia y de la represión.

El 26 de octubre, frente a la aguda crisis política y social, el presidente decide una reorganización de un tercio de los ministros, incluido el de interior, al que culpabiliza de la represión. Suspende el toque de queda en Santiago pero mantiene el estado de emergencia y la movilización de 20,000 soldados.

El 27 de octubre, Piñera firma los decretos para levantar el estado de emergencia. Su balance, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (NHRI), es de 20 muertos, 3.712 detenidos, 1.100 heridos, 600 de ellos por armas de fuego y 120 lesiones oculares. El INDH actualmente apoya 120 denuncias contra la policía y el ejército, incluidas 94 por tortura, 5 por homicidio y 14 por violencias sexuales.

¡Autodefensa, formación de comités y de cordones, gobierno de los trabajadores!

La movilización espontánea contra el aumento de las tarifas y la amenaza de la unión entre estudiantes, trabajadores y habitantes de los barrios populares han conseguido arrancar concesiones. Pero a pesar de la violencia policial y militar, los dirigente de los partidos "reformistas" y los sindicatos rechazan cualquier organización de servicios de orden y milicias populares para defenderse. La mayoría incluso dice que rechaza toda violencia, dando a entender que los manifestantes son tan culpables como las "fuerzas de orden".

A día de hoy, el presidente multimillonario todavía está en su sitio, con su mayoría parlamentaria, su policía y su ejército. Su mejor protección es la colaboración de clase de los dirigentes actuales del movimiento obrero.

El 28 de octubre, la Mesa Unidad Social convoca un nuevo día de acción de 24 horas para el 30 de octubre. La convocatoria se cuida mucho de no exigir la caída de Piñera, y mucho menos la disolución de la policía y el ejército profesional.

Discutir un Nuevo Pacto Social es construir entre todos y todas una nueva Constitución, considerando la más amplia participación. Y el único mecanismo que nos permite abrir las puertas a que todas y todos nos sintamos convocados e interpelados es a través de una Asamblea Constituyente. (MUS, 28 octubre)

El 29 de octubre, el PCCh le pide al gobierno que convoque un referéndum en diciembre para "una nueva constitución".

El 30 de octubre, el PS y el partido pequeño burgués RD (miembro del FA) acuerdan reunirse con el nuevo Ministro del Interior.

Contra la política de traición, los trabajadores y los jóvenes necesitan un partido obrero revolucionario. Solo puede construirse a partir de un programa de ruptura con la clase capitalista y su estado, de reivindicaciones transitorias hasta la toma del poder.

• nacionalización y gratuidad de la educación, la sanidad, los transportes,
• aumento de salarios y pensiones, indexación con respecto a los precios,
• revocabilidad de los representantes electos y su remuneración al nivel de los trabajadores calificados,
• disolución de los cuerpos represivos ...

Estas afirmaciones son incompatibles con el gobierno capitalista de Piñera. Al contrario de lo que dicen el PS, el PCCh, el FA, la CUT y la Mesa Unidad Social y sus cómplices centristas, no se pueden ganar con días de acción de 24 o 48 horas. Se necesita la huelga general hasta la victoria.

En Bolivia (2006-2009) o Túnez (2011-14), la Asamblea Constituyente fue utilizada por la burguesía "democrática" y sus agentes en la clase trabajadora para desviar el movimiento revolucionario de las masas y preservar el estado burgués. Para conseguir de manera duradera las reivindicaciones obreras, estudiantiles y populares, es necesario tomar el poder, establecer un gobierno obrero que expropie la gran capital nacional y extranjero (incluida la familia Piñera).

Para conseguirlo, las masas deben organizarse en asambleas en los cuarteles, el campo, los barrios, los lugares de estudio, las administraciones y las empresas. Los trabajadores y los jóvenes deben volver a retomar la experiencia de los comités y los cordones de 1972-1973, que sentaron las bases de un poder obrero. Estableciendo organismos soviéticos, coordinándolos, las masas abrirán la posibilidad de un gobierno obrero. Un gobierno que ataque decididamente al capitalismo, desmantele el estado burgués y avance hacia la federación socialista de América Latina. Esta es la perspectiva que le falta a la clase obrera. Para implantarla, hay que combatir a los agentes de la burguesía, hay que construir un partido del tipo del Partido bolchevique que llevó a la revolución rusa a la victoria.

30 de octubre de 2019

CoReP (Alemania, Austria, Canadá, Francia, Turquía)

IKC (Estado Español)